El Poder Ejecutivo emitió hoy el Decreto Supremo, por el que se aprueban las disposiciones sobre neutralidad de los funcionarios y servidores públicos en el proceso electoral, con miras a la celebración de elecciones generales el 11 de abril de 2021.
El decreto ha sido publicado en el "Boletín Oficial" del "Boletín Jurídico de la República del Perú", estableciendo un mecanismo para garantizar la neutralidad nacional (Foto/ ANDINA)
Estas normas han sido publicadas en el Reglamento Jurídico Oficial El Peruano del Diario Oficial, y tienen como finalidad eliminar los riesgos relacionados con el incumplimiento de obligaciones neutrales, lo que significa que todos los servidores públicos deben realizar acciones de absoluta justicia política, económica o cualquier otra naturaleza para el desempeño de sus funciones.
IMPEDIMENTOS
El Decreto Supremo establece que estas normas deben ser respetadas porque son responsables de fortalecer la ética de los funcionarios públicos y servidores públicos. Por tanto, se les puede impedir el uso indebido de bienes o recursos públicos para la propaganda política o cualquier candidatura. También está prohibido agregar cualquier símbolo o lema que identifique o apoye directa o indirectamente a cualquier candidato u organización política.
Otro obstáculo está relacionado con el mal uso de la información. No pueden utilizar los datos obtenidos a través de sus cargos para apoyar organizaciones políticas o, por el contrario, obstaculizar el acceso a la información en beneficio propio o de terceros.
Además, no pueden utilizar sus cargos de manera indebida para contratar o despedir a funcionarios para obtener apoyo político, o en este caso, no pueden restringir su acceso a los servicios públicos en función de su afiliación o beligerancia política.
Los funcionarios y servidores públicos no solo deben cumplir con estas regulaciones, sino que también deben denunciar cualquier violación de la neutralidad. Asimismo, cualquier persona puede denunciar de forma pública o privada cualquier comportamiento que pueda ser perjudicial para la ética y las reglas del período electoral.
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